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Publicada: 22-12-2010
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes por amplia mayoría el texto definitivo de la Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que garantiza la prestación de un servicio postal universal, público y de calidad en España.
La Ley, que transpone una directiva comunitaria, establece, según el Ministerio de Fomento, reglas de juego más equilibradas entre los diferentes operadores postales para asegurar la calidad, la eficacia y la efectividad del mercado postal español. Se consigue así garantizar los derechos de los usuarios de los servicios, en su faceta de remitentes o de destinatarios de los envíos postales, y el mantenimiento del empleo de calidad en el sector.
El servicio postal universal (SPU) es un conjunto de servicios de calidad prestados de forma permanente en toda España, a precios asequibles para todos los usuarios, conforme a los principios de no discriminación, continuidad en el servicio y adaptación a las necesidades de los usuarios.
El ámbito de este servicio incluye las cartas y tarjetas postales de hasta 2 kg de peso y los paquetes postales de hasta 20 kg, frente a los 10 kg que fijaba la ley anterior. La Ley amplía y consolida el SPU como derecho de los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar de su residencia.
Correos, como prestador del servicio SPU debe mantener una red con cobertura en todo el territorio español, incluidas las zonas con baja densidad de población y muy especialmente en el medio rural. A través de la red postal debe darse un servicio de, al menos, una recogida y una entrega diarias, de lunes a viernes.
La nueva ley crea un fondo de financiación del servicio postal universal y garantiza que los presupuestos generales del Estado se harán cargo de sus necesidades de financiación. Para ello se establecen dos nuevas fuentes de ingresos: por una parte la contribución de los operadores postales, incluido Correos, por un 0,5 % del importe neto de su cifra de negocios en el ámbito del servicio postal universal, y, por otra, una tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares, que habilitan para realizar servicios postales en el ámbito del servicio postal universal.
Correos es designado como prestador del servicio postal universal en toda España por un periodo de 15 años, con revisiones quinquenales del cumplimento de las obligaciones de servicio público que se le imponen.
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